Falta de atención, horas eternas intentando justificar trabajos y arbitrariedad a la hora de validarlos -que es el requisito indispensable para cobrar- son algunos de los motivos por el que el Kit Digital, la apuesta estrella del Gobierno para modernizar las pymes, se ha convertido en un «infierno» para muchos agentes digitalizadores, las empresas encargadas de prestar los servicios tecnológicos incluidos en la ayuda.
El programa concede hasta 12.000 euros a las pymes para que los canjeen por servicios digitales con estos proveedores, que son autorizados a participar previamente por Red.es, organismo público dependiente de la Secretaría de Estado de Digitalización y, en ultima instancia del Ministerio de Asuntos Económicos.
El procedimiento es, en apariencia, sencillo: la pyme recibe el bono, firma un acuerdo con el agente digitalizador y se implementa la solución elegida, correspondiente a campos como diseño de páginas web, posicionamiento en buscadores o gestión de procesos, entre otros.
Con la solución implementada, el digitalizador justifica su trabajo, la Administración lo valida si está correcto, y éste recibe con carácter general un primer pago del 70% a los 60 días y un 30% en un segundo, abonado al terminar los 12 meses de trabajo incluidos en el bono. Ésta es la teoría. En la práctica, la validación se está convirtiendo en un proceso tortuoso que dilata los cobros.
¿Quién está pagando el Kit Digital?
Somos los Agentes Digitalizadores como Grartwork quienes estamos pagando la fiesta. El relato es uniforme: las justificaciones tardan meses en aprobarse o revisarse, hay disparidad de criterio entre comunidades y en la mayoría de casos es imposible llegar una atención personalizada porque las vías de soporte impuestas por Red.es no sirven de nada.
Los Agentes Digitalizadores también ponen el foco en la arbitrariedad del proceso. «Subes dos justificaciones iguales. Una la validan y la otra te dicen que no. ¿Con qué criterio?
¿Qué dicen desde Red.es?
Red.es se muestra consciente de las quejas, pero hace hincapié en los múltiples esfuerzos realizados para facilitar el trabajo a las pymes. La entidad ha creado guías para elaborar las justificaciones y una. línea telefónica en exclusiva para los agentes digitalizadores. Además, el Ejecutivo modificó la Ley de Subvenciones para permitir múltiples aportaciones de información en las subsanaciones y evitar así que un autónomo pierda su dinero si no justifica correctamente a la primera.
De acuerdo a los datos de la entidad, se han recibido hasta la fecha 75.000 justificaciones de proyectos, de las que se ha revisado un 77%. Entre las analizadas (unas 58.000), el 64% están correctas y pagadas o en proceso de pago, mientras que más de un tercio se envió a subsanación.
Sin embargo, entre los afectados, se percibe que el control para evitar la corrupción está perjudicando a las empresas más pequeñas, en detrimento de grandes compañías, y consideran insuficientes las medidas tomadas.
